María Emilia Salomone, la dueña del Instituto Puente, quien está detenida por intimidación pública, fue detenida el jueves. El juez Fernando Zottoli le dictó la prisión preventiva por 29 días, pero el lunes, al ser informado por la defensa de que ella padece cáncer de piel, el magistrado ordenó que terminara de cumplir el arresto en un hospital. Basó su resolución en el informe médico forense que constató la existencia de la enfermedad el viernes y que sugería que una comisaría no sería un lugar propicio para que siguiera su tratamiento. Sin embargo Salomone no fue internada y hasta el momento sigue detenida en una comisaría.
Según su historia clínica, fue trasladada el lunes al Centro de Salud minutos antes de las 23. Presentaba síntomas de hipertensión. Los policías a cargo de la custodia presentaron un oficio judicial en el que se solicitaba la internación de Salomone en la sala de oncología, pero la profesional de la salud que los recibió les explicó que no tenían camas disponibles en esa área, ante lo cual “se le da la opción (a la paciente) de permanecer en la guardia, ante lo cual se niega; también se niega a tratamiento para el dolor que no sea indicado por su médica oncóloga de cabecera”, se indicó en el diagnóstico de la primera galena que la revisó. Una hora después fue revisada por otro médico, por control. Este mencionó que constató un melanoma maligno y que la paciente manifestaba sentir dolor, pero que no aceptaba medicación que no fuera recetada por su médica de confianza.
Salomone esperó hasta la 1 para ver si se desocupaba una cama, pero no hubo vacante. En ese momento, la profesional que la había asistido a las 23, le controló la presión nuevamente y por último le dio el alta médica. Fue trasladada de regreso a la dependencia policial donde estaba cumpliendo arresto. Ante esta situación, en el transcurso de la tarde de ayer fue trasladada a otra comisaría. Estas situaciones generaron el enojo del defensor, José Ignacio Ferrari, que al finalizar la audiencia del lunes reclamaba que ni él, ni el diagnóstico forense, ni la fiscala del caso, Mariana Rivadeneira, habían solicitado internar a Salomone (se discutió si otorgarle la libertad, el arresto domiciliario o mantenerla en prisión).
Salomone está imputada, junto con Ernesto Gastón Drube, por las amenazas de bomba registradas en el colegio San Francisco Las pericias telemáticas determinaron que las falsas alarmas fueron emitidas desde un router que está a nombre de la dueña del Instituto Puente.